Este miércoles 9 de diciembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que en el área de influencia de Hidroituango un total de 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Los municipios donde se hicieron los hallazgos son: Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.
A partir de lo anterior, la JEP concluyó que “en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”.
De acuerdo con las investigaciones de la entidad, las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las FARC, y por unidades de la fuerza pública.
Esa base de datos construida por la JEP es resultado de un ejercicio de consolidación de información de seis fuentes: Centro Nacional de Memoria Histórica; Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistemas de información SIJUF, SIJYP y SPOA; la Unidad de Atención a Víctimas UARIV; y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD).
Según la JEP, los datos recogidos permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50% de las víctimas);
Además, que su máxima expresión se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos y que el número de desapariciones se reduce de manera consistente a partir del año 2010.
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A la fecha la JEP ha encontrado ocho cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.
En la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo.
De acuerdo con el informe de la JEP, las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión.
Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango.
