Mientras en el Congreso se cruzan versiones sobre quién tiene la culpa, 3,5 millones de niños podrían quedarse sin comida en septiembre. Al mismo tiempo, en el campo, miles de campesinos siguen esperando que los recursos ya aprobados se conviertan en realidades. Dos caras de un mismo problema: la ineficiencia en la gestión pública.
El primer caso es el del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El Contralor General de la Nación advirtió un riesgo de suspensión por faltantes cercanos a medio billón de pesos, lo que dejó la impresión de que la Nación no había girado los recursos. Sin embargo, al día siguiente, el Ministro de Hacienda aseguró que el dinero ya había sido transferido de manera anticipada y que el problema estaba en las entidades territoriales, que habrían dado un uso anticipado a los giros.
Dos relatos completamente opuestos. Y mientras tanto, los niños en medio de la incertidumbre. La pregunta es sencilla: ¿quién es el responsable? Si los giros nacionales no se hicieron, ¿qué rubros están pendientes? Y si la falla fue territorial, ¿qué irregularidades o desviaciones ha identificado la Contraloría? Lo que no puede pasar es que el derecho a la alimentación de nuestros niños se convierta en un juego de ping-pong institucional, donde cada entidad le tira la pelota a la otra.
Lo que se necesita es claridad inmediata: una mesa técnica interinstitucional, reportes semanales y trazabilidad pública. El país merece saber con detalle los giros realizados, los saldos por entidad, los municipios en riesgo y las acciones correctivas. Ni un día sin comida para los escolares, ni una excusa más.
Mientras tanto, la otra cara de la moneda es del Ministerio de Agricultura. En tres años, su ejecución cayó en picada: 69% en 2023, 45% en 2024 y apenas 25% en 2025 (corte a julio), pero con el gran problema que la inversión no supera el 15%. Y lo más grave es la parálisis en habitabilidad rural (1,6%), inclusión productiva de pequeños productores (3,2%), ciencia y tecnología (1,4%) e infraestructura productiva (9,5%).
En otras palabras, los campesinos sin vías para vender sus productos, pequeños agricultores sin apoyo, familias rurales sin condiciones mínimas y territorios enteros rezagados en innovación. El dinero está en las cuentas, pero no en el territorio ni en programas que garanticen el bienestar rural.
Frente a este panorama, hay quienes incluso sugieren recortes al agro. Nada más equivocado. Con más de 20 millones de colombianos en inseguridad alimentaria, reducir el presupuesto agrícola sería un error monumental, porque además el 71% de los recursos que el gobierno destina para la transformación 3 del Derecho Humano a la Alimentación (del Plan Nacional de Desarrollo) está en la cartera de Agricultura. El presupuesto debe mantenerse e incluso fortalecerse, pero con una condición innegociable, que se ejecute con eficacia y cada peso se traduzca en productividad, infraestructura y apoyo real a los productores.
Hoy el PAE y la agricultura viven la misma historia: no es un problema de falta de recursos, es un problema de gestión y administración. Y esa mala gestión tiene en Colombia un costo demasiado alto: inseguridad alimentaria.
La burocracia puede esperar. Los niños y los campesinos, no. Ni un día sin comida en las escuelas. Ni un peso congelado para el campo. Todo lo demás son excusas y mediocridad.
