Colombia aprendió a punta de cicatrices que las cifras de seguridad son un termómetro caprichoso: bajan con estruendo, se estancan en silencio y repuntan cuando menos lo esperamos. Desde comienzos de los 2000, homicidios y secuestros cayeron de forma notable gracias a desmovilizaciones, presencia estatal y reacomodos del narcotráfico. Sin embargo, a mediados de la década pasada la criminalidad dejó de ser un bloque compacto y se volvió un mosaico: redes fragmentadas, economías ilegales urbanas, articulación global delictiva y una cibercriminalidad en aumento. Los datos lo confirman: la agenda política es débil frente a la capacidad adaptativa del delito y su injerencia cada vez menos local.
Las cifras del Ministerio de Defensa observadas en el contexto de las últimas dos décadas, muestran esta evolución. El homicidio que en los primeros años de los 2000 se redujo de manera notable, hoy presenta un comportamiento más inestable: en el primer semestre de 2025 aumentó 3% frente al mismo periodo de 2024 (6.642 casos frente a 6.442). Las masacres, frecuentes en los años álgidos del conflicto se han reducido, pero en el mismo periodo bajaron solo 10% (de 40 a 36 eventos), un reflejo de focos persistentes de violencia colectiva. En el secuestro el patrón también ha cambiado: mientras la gran ofensiva de la primera década del siglo lo llevó a mínimos históricos, en los últimos años reaparece con fuerza.
Entre enero y junio de 2025, el secuestro total creció 53% (con 198 víctimas). En materia patrimonial, el hurto a personas bajó 11% (de 159.827 a 141.663 casos), el hurto a residencias 21% y el de automotores 27%, mientras el hurto a comercio cayó 45%, debido a las medidas operativas y tecnológicas en ciertos frentes. En el panorama social es distinto: la violencia intrafamiliar aumentó 3% en el primer semestre de 2025 (de 64.107 a 65.816 casos). Este delito, en general silenciado y normalizado, representa una de las expresiones más persistentes de violencia cotidiana, con efectos directos en la cohesión social, la salud mental y el riesgo de reproducción de ciclos delictivos en las nuevas generaciones.
El comportamiento delincuencial observado en las cifras responde a cuatro fuerzas. Primero, la transformación del crimen organizado: de jerarquías rígidas a redes que tercerizan violencia y lavan rentas con picos de violencia seguidos de aparentes “calmas”. Segundo, cambios socioeconómicos que reconfiguran oportunidades delictivas: desigualdad persistente, y migraciones, presión sobre servicios y economías ilícitas en zonas de frontera. Tercero, innovaciones tecnológicas que abaratan y masifican el delito, desde extorsiones por mensajería hasta fraudes globales. Cuarto, la capacidad adaptativa del crimen que responde a cada golpe estatal con desplazamientos y nuevas modalidades.
El costo de no enfrentar estas causas es enorme. Según el más reciente estudio de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2022 el crimen y la violencia representaron el 3,64% del PIB del país, más que el presupuesto anual de educación o salud. Un golpe directo al futuro de la sociedad por el estancamiento de políticas eficientes y recursos redestinados a cubrir daños, reforzar seguridad o mantener un sistema penal saturado.
La lección es clara: sin estrategias basadas en evidencia y fortalecimiento institucional, cualquier descenso será efímero. ¿Qué hacer? Primero, blindar lo que funciona en el frente urbano: presencia de fuerza focalizada, inteligencia sobre mercados de receptación y control de “puntos calientes”. Segundo, pasar del antídoto reactivo al inmunizante efectivo: prevención social para jóvenes en riesgo, mediación de conflictos y justicia de proximidad para evitar homicidios.
Tercero, una ofensiva integral contra extorsión y secuestro, con control de comunicaciones en cárceles, seguimiento financiero de rentas criminales, canales seguros de denuncia y acuerdos con plataformas de mensajería para bloquear cuentas reincidentes. Cuarto, asumir la prevención y atención de la violencia intrafamiliar como una política transversal: protocolos obligatorios de detección temprana y atención integral en instituciones educativas, centros de salud y espacios comunitarios; formación masiva en habilidades para la resolución pacífica de conflictos y prevención de violencia de género; y una capacidad judicial y de protección real para atender casos con rapidez, proteger a las víctimas y sancionar efectivamente a los agresores.
Y quinto, fortalecer la Fuerza Pública y la Fiscalía con meritocracia, interoperabilidad de datos, investigación criminal moderna y coordinación real con autoridades locales, respaldado por métricas claras y auditables para un debate público basado en evidencia.
Colombia ya demostró que puede disminuir la curva de la violencia, pero no es una tarea de cuatro años, sino una política de Estado. Persistencia, foco y capacidad de aprendizaje son claves: persistencia que sostenga políticas más allá de gobiernos, con prioridad para atacar mercados delictivos completos y aprendizaje al adaptarse a los contextos antes que el crimen lo haga.
Estamos en un punto de inflexión: seguir reaccionando a cada repunte o anticiparnos con inteligencia, prevención y cooperación. Hoy, la seguridad no es la ausencia de delitos, sino la tranquilidad garantizada para mañana. Si el crimen nos cuesta más que un sector social entero, invertir en seguridad es invertir en educación, salud y futuro. Hagamos que en la próxima década las noticias sean otras: comunidades resilientes, oportunidades en vez de “clanes”, innovación para la justicia y un país que venció al crimen en todas sus formas. Cabeza fría y manos a la obra.
