La semana pasada, el gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva contra los carteles latinoamericanos, a los que catalogó como organizaciones terroristas. Como parte de esa política, ordenó el despliegue de ocho buques de guerra y más de 4.000 efectivos en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela.
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El operativo incluyó la llegada a Puerto Rico de diez aviones caza F-35, helicópteros de ataque Bell AH-1Z Viper y UH-1N Twin Huey, además de maniobras anfibias con vehículos LCAC capaces de transportar tropas y blindados desde el mar hasta tierra firme.
Según el Pentágono, estas acciones buscan frenar las rutas del narcotráfico en la región y convertir a la isla en un centro de operaciones y logística. La gobernadora Jenniffer González Colón respaldó la estrategia, afirmando que “Puerto Rico es la frontera de Estados Unidos en el Caribe” y que la isla cumple un rol vital por su cercanía a Venezuela y Colombia.
Vieques y el fantasma del pasado
Pese a los argumentos de seguridad, la sociedad puertorriqueña percibe estos movimientos con desconfianza. La memoria histórica pesa: durante más de 60 años, la Marina de EE.UU. utilizó Vieques como campo de tiro con munición viva, hasta que las protestas masivas forzaron su salida en 2003.
Para Andrea Malavé y muchos otros, el miedo es que la “lucha antidrogas” sea solo un pretexto para reactivar bases militares y repetir daños ambientales y sanitarios. “Ese miedo nunca se fue de Vieques, porque no podemos decidir lo que pasa en nuestra casa”, lamenta.
Apoyo y rechazo en la política
La gobernadora González insiste en que estos entrenamientos son “rutinarios” y forman parte de una estrategia regional. Sin embargo, líderes como la congresista Nydia Velázquez denuncian que la militarización de Puerto Rico representa un “retroceso histórico” y amenaza la salud de las comunidades.
Por su parte, Alexandria Ocasio-Cortez se comprometió a exigir transparencia sobre las maniobras, mientras que otros congresistas como Darren Soto apoyan las operaciones, siempre y cuando no incluyan munición real.
La falta de información oficial por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Guerra aumenta las dudas sobre el verdadero alcance de los ejercicios.
Una isla estratégica
Puerto Rico ha sido, desde principios del siglo XX, un bastión militar para Estados Unidos. Desde la base Roosevelt Roads, en Ceiba, se lanzaron operaciones hacia Granada (1983) y Panamá (1989). Expertos como el politólogo Javier Colón Morera señalan que Washington aplica en la isla la “teoría del zapato viejo”: no siempre la usa, pero tampoco la abandona, porque sabe que en cualquier crisis puede necesitarla.
Hoy, esa teoría se confirma con la instalación de nuevas maniobras en las mismas bases donde antes operó la Marina, ahora bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.
Entre seguridad y soberanía
Mientras el Pentágono resalta las ventajas del terreno tropical para entrenamientos anfibios, cientos de ciudadanos salieron a protestar frente a la Base Aérea Muñiz. Temen que Puerto Rico vuelva a ser tratado como un campo de pruebas militares, sin voz ni voto sobre lo que ocurre en su territorio.
La gobernadora lo presenta como un paso hacia la seguridad nacional; la sociedad civil lo ve como una amenaza a la soberanía y al bienestar.
En medio de estas posturas, Puerto Rico vuelve a ocupar un lugar clave en el tablero geopolítico, esta vez en la guerra declarada por Washington contra el narcotráfico en el Caribe.
*Hecha con información de EFE*
