En la noche de este viernes se conoció una ponencia del magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en la que se solicita nuevamente declarar inexequible la reforma pensional, tras evidenciar posibles irregularidades en el trámite de la Ley 2381 de 2024, que modificó el Sistema de Protección Integral para la Vejez.
El documento de 83 páginas, revelado por La Silla Vacía, será analizado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en las próximas semanas, instancia que definirá el futuro de la reforma pensional, una de las apuestas más importantes del Gobierno nacional.
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Entre los argumentos, Ibáñez cuestiona el escaso tiempo entre el decreto del Gobierno que convocó a sesiones extraordinarias y la citación de la Cámara que, según la ponencia, no habría cumplido con el principio de publicidad.
Además, el magistrado advierte que la sesión del 27 de junio fue irregular, ya que contó solo con 62 representantes de los 94 requeridos para realizar el anuncio del proyecto, lo que, a su juicio, constituye una vulneración de la Ley Quinta y de la jurisprudencia sobre mayorías legislativas.
El debate de fondo gira en torno a si era necesario o no contar con mayoría absoluta para ese anuncio, requisito que, según la ponencia, no se cumplió durante la reanudación del debate ordenada por la Corte.
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Reacciones
El anuncio generó reacciones inmediatas en el ámbito político.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó el contenido del documento: “Ahora el líder de la oposición, ‘magistrado Ibáñez’, sabe más de la Ley Quinta que quien fue más de una década secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, hoy Procurador! ¡Hasta pasa por encima del Congreso! ¡Una sola persona!”.
Por su parte, la representante Lina María Garrido celebró la ponencia y respondió a las declaraciones del ministro: “La reforma pensional ha caído ¡tal y como lo advertí! Y ahora el ministro del Interior Benedetti ha puesto una lápida sobre los magistrados al acusar al presidente de la Corte Constitucional de perpetrar un Golpe de Estado, sin tener prueba alguna”.
En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal sostuvo que “la Reforma Pensional no sólo fue tramitada con trampas y violación a la Ley 5ta, sino que es violatoria del derecho universal de cada ciudadano a reclamar el fruto de su trabajo”.
La decisión final quedará en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Para que la ponencia de Ibáñez prospere, deberá contar con el respaldo de al menos cuatro magistrados más. Si no alcanza esa mayoría, la Corte deberá designar un nuevo ponente para elaborar una propuesta alternativa.
