Este miércoles 11 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente la firma del decreto que convoca a una consulta popular, en un movimiento político de alto calibre que marca un punto de inflexión en su gobierno.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario señaló que esta decisión solo será reversible si el Congreso aprueba los puntos contenidos en la reforma laboral, piedra angular del proyecto social del Gobierno.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo [...] son respondidos positivamente por el Congreso”, expresó Petro en su publicación, confirmando que el decreto fue remitido a la Corte Constitucional.
¿Qué busca la consulta?
La consulta popular que Petro convoca busca someter a la ciudadanía decisiones clave en materia de derechos laborales, salud y justicia social, temas que han sido eje de su mandato.
Entre las propuestas más discutidas está la reforma laboral, actualmente en trámite en el Senado y que busca modificar las condiciones de contratación, mejorar la formalización del trabajo y restaurar beneficios para sectores históricamente excluidos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el decreto se firmó justo antes del vencimiento del plazo legal para convocar elecciones este año, el cual expiraba a la medianoche del 11 de junio. “Esto busca abrir el diálogo con el Senado de la República, para llegar a un acuerdo. Queremos restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”, afirmó Benedetti, quien también insistió en que el decreto podría ser derogado si el Senado actúa en consecuencia.
¿Cuándo sería la consulta?
De no llegar a un acuerdo con el Congreso, el Gobierno proyecta que la consulta popular se realice el próximo 7 de agosto, fecha simbólica para el país por coincidir con la posesión presidencial. Esto subraya el mensaje de urgencia y profundidad que el Ejecutivo quiere imprimirle a este mecanismo de participación.
La decisión de Petro se produce en un ambiente de alta tensión política, pues cabe resaltar que el Senado había rechazado la iniciativa de consulta el pasado 14 de mayo, en una sesión marcada por divisiones partidistas. Además, esta semana se vio interrumpida por el atentado contra el senador Miguel Uribe, lo que obligó a suspender temporalmente las sesiones legislativas. A pesar de este contexto adverso, el Ejecutivo optó por avanzar con la firma del decreto.
El presidente justificó su decisión afirmando que “la actual decisión del Senado impide que se cumpla el tiempo legal y debo cumplir mi mandato. Sin justicia social no hay paz y es mi mandato”, aclarando también que el atentado al senador Uribe “no tiene nada que ver con la consulta” y pidió no mezclar ambos hechos.
La consulta popular: las dos propuestas
Cabe destacar que la primera propuesta de preguntas para la consulta popular incluye 12 preguntas, sin embargo, la bancada del Pacto Histórico no se mostró conforme y puso sobre la mesa una versión 2.0 de esta consulta agregando cuatro puntos sobre salud.
¿Pueden tumbar la consulta?
La respuesta es sí, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado e incluso la Registraduría podría tumbarla. Petro ha dejado claro que el decreto de convocatoria a consulta no es un hecho irreversible. Si el Senado aprueba la reforma laboral antes de que la Corte Constitucional avale la constitucionalidad del decreto, este será derogado. El ministro Benedetti ratificó esta posibilidad, agregando que se está buscando un “acuerdo real” con las bancadas para aprobar el mayor número posible de artículos que ya pasaron por la Cámara de Representantes.
Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que hay voluntad política para aprobar la reforma: “Hay un compromiso de las bancadas de trabajar este miércoles todo el día [...] para dejar aprobada la reforma laboral”. Esta reforma ya fue avalada en la Comisión Cuarta del Senado el pasado 28 de mayo, con una votación de 13 a favor y 2 en contra.
¿Petro ejercer presión institucional?
El uso de la consulta popular como herramienta para impulsar reformas sociales tiene defensores y detractores. Mientras el Gobierno la ve como una forma legítima de recurrir al “poder constituyente” del pueblo cuando el Congreso bloquea iniciativas claves, sectores de la oposición lo interpretan como una forma de presión al Legislativo e incluso una amenaza al equilibrio democrático.
Petro, sin embargo, insiste en que “la política del amor no se debe confundir con traicionar el mandato popular”, y sostiene que está actuando en cumplimiento de su deber constitucional.
Con la firma del decreto de consulta popular, Gustavo Petro redobla su apuesta política por las reformas sociales. Aunque el Congreso aún puede evitar que el país acuda a las urnas el próximo 7 de agosto, el mensaje es claro: el Gobierno no renunciará a su objetivo de transformar el modelo laboral colombiano. Lo que ocurra en los próximos días en el Senado podría definir no solo el destino de la reforma, sino también el rumbo del actual gobierno.
