Todo comenzó como un rumor entre pasillos. Declaraciones sueltas, denuncias dispersas. Pero con el tiempo, ese murmullo se convirtió en un terremoto judicial que alcanzó al hombre más poderoso del país. Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de la República y figura central del uribismo, terminó sentado ante la justicia. El escenario era inédito: un expresidente en la mira penal. A su alrededor, un laberinto de interceptaciones, testimonios, maniobras legales y un país dividido que seguía la trama como si fuera una serie de suspenso político.
En la otra orilla, el senador Iván Cepeda, hijo del asesinado Manuel Cepeda Vargas, se volvió su contradictor más tenaz. Fue él quien, desde el Congreso, escuchó el testimonio de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas, una finca que habría pertenecido a los Uribe Vélez, y testigo clave de esta historia.
Y apareció otro actor crucial: Diego Cadena, el abogado que, según la Fiscalía, ofrecía beneficios a cambio de silencios y retractaciones. Lo que empezó como un debate sobre derechos humanos terminó convertido en una historia de poder, justicia y versiones enfrentadas
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En agosto de 2011, durante un debate en el Congreso liderado por Cepeda, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se sumó a una comisión que visitó varias cárceles para documentar abusos. En una de esas inspecciones, Juan Guillermo Monsalve, preso en La Picota, acusó al expresidente Uribe de vínculos con el paramilitarismo. El CSPP grabó su testimonio y lo entregó a las autoridades. La tormenta apenas comenzaba.
Semanas después, la familia de Monsalve denunció amenazas. Fue trasladado a Bogotá, pero la Fiscalía tardó meses en intervenir. En ese lapso, sufrió un atentado en prisión. Incluso se ofreció una recompensa de 80 millones de pesos por su vida. Para junio de 2012, el CSPP suspendió la protección por falta de apoyo estatal.
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El 17 de septiembre de 2012, Cepeda llevó al Congreso un debate sobre paramilitarismo en Antioquia. Presentó testimonios de Pablo Hernán Sierra y del propio Monsalve, quienes señalaban a Álvaro y Santiago Uribe como fundadores del Bloque Metro de las AUC. Un año después, Uribe contraatacó: denunció a Cepeda por manipular testigos y acusó al Comité de haberle pagado a Monsalve. El CSPP respondió con documentos que desmentían esa versión.
El conflicto escaló aún más el 17 de septiembre de 2014, cuando Cepeda reveló nuevos testimonios ante el Congreso. La Corte Suprema, en una decisión sorpresiva, no investigó al senador. En cambio, abrió un proceso contra Uribe por presunta manipulación de testigos. La batalla legal se oficializó.
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El 16 de febrero de 2018, la Corte inició formalmente una investigación contra Uribe por fraude procesal y soborno. Seis días después, su abogado Diego Cadena visitó a Monsalve en La Picota. La conversación fue grabada: Cadena, presuntamente, ofrecía beneficios a cambio de que se retractara. En septiembre, se filtró una llamada que sugería que Uribe estaba al tanto de esas gestiones.
En 2019, el equipo de defensa del expresidente divulgó fragmentos del expediente de 2014, sin contexto. La estrategia desató un escándalo mediático. Más de 140 amenazas fueron denunciadas. El 8 de octubre, Uribe fue citado a indagatoria. La justicia lo había alcanzado.
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El 4 de agosto de 2020, en plena pandemia, la Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario de Uribe por riesgo de obstrucción a la justicia. Era la primera vez que un expresidente colombiano era privado de su libertad. Catorce días después, renunció al Senado. El caso pasó a manos de la Fiscalía.
En 2022 y 2023, bajo la dirección de Francisco Barbosa, la Fiscalía intentó cerrar el caso alegando falta de pruebas. Las juezas Carmen Helena Ortiz y Laura Barrera rechazaron la solicitud. En paralelo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a Diego Cadena con tres años de inhabilidad por intentar que Monsalve “no dijera la verdad”
El 9 de abril de 2024, con nueva Fiscalía, se radicó la acusación formal contra Álvaro Uribe: soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El juicio fue lento y tenso. Más de 70 testigos pasaron por los estrados, entre ellos Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, quien aseguró que Cadena le ofreció una suma millonaria para modificar su testimonio. Las pruebas apuntaban, según la Fiscalía, a una estrategia coordinada desde el entorno del expresidente.
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Han pasado más de 12 años desde la primera denuncia, y siete desde que se abrió la investigación formal. Con 105 testigos, las audiencias se convirtieron en una guerra de versiones: ¿quién manipuló a quién?
El 8 de julio de 2025 concluyeron las audiencias. La jueza Sandra Heredia fijó el fallo para el 28 de julio. El país entero espera la decisión. No se trata solo de un juicio. Es una prueba: ¿puede la justicia alcanzar al poder?.
