La violencia en Colombia dejó más de 200 líderes sociales asesinados durante 2024, según denunció este lunes Amnistía Internacional (AI) en su informe anual, que alerta sobre el persistente abandono estatal y la falta de garantías efectivas para la protección de defensores de derechos humanos.
"Los grupos armados ilegales siguen cometiendo homicidios selectivos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores", señaló la organización, que advierte que muchas comunidades siguen expuestas a dinámicas de conflicto armado sin presencia adecuada del Estado.
La organización documentó la manera en que líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y ambientalistas continúan siendo blanco de amenazas y ataques por parte de disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos criminales.
"Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por el control territorial de actores armados que operan con total impunidad", explicó la ONG.
Las zonas rurales también han sido las principales afectadas por las desapariciones forzadas, como explica la organización: "Hacen desaparecer a personas para infundir terror y controlar a las comunidades", señala el informe.
Durante 2024 se denunciaron más de 600 casos de desaparición, muchos de ellos en departamentos como Nariño, Cauca y Norte de Santander, donde las familias siguen esperando respuestas.
"La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad, sin investigaciones diligentes ni sanciones efectivas para los responsables", advirtió Amnistía Internacional.
Se reclutaron 315 niños
El informe destaca que las comunidades del Pacífico, el suroeste y la región del Catatumbo -fronteriza con Venezuela-, enfrentan una "crisis humanitaria persistente", agravada por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, quienes son usados como combatientes, informantes o para labores de logística.
Según Amnistía, al menos 315 casos de reclutamiento de menores fueron informados en 2024, aunque advierte que el subregistro podría ser mucho mayor debido al miedo a denunciar y la falta de presencia estatal en zonas rurales.
"Los niños y niñas son arrancados de sus hogares, muchas veces bajo amenazas o engaños, y utilizados por los grupos armados en funciones que los exponen a graves violaciones de sus derechos", denunció la entidad, que agregó que "la falta de condiciones básicas como educación, salud o seguridad facilita que estos menores caigan en manos de grupos armados".
La "insuficiente" gestión de Petro
Amnistía Internacional cuestionó la respuesta del Estado colombiano, que considera insuficiente y basada en medidas reactivas, especialmente para proteger a los líderes sociales.
"No basta con chalecos antibalas o esquemas de escoltas. Se necesita una estrategia integral de protección que incluya garantías colectivas y un enfoque diferencial", indicó AI.
También pidió al Gobierno fortalecer su presencia institucional en los territorios más afectados y avanzar en el desmantelamiento efectivo de los grupos armados ilegales, como fue pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
"El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar que nadie sea asesinado por defender los derechos de su comunidad", subrayó Amnistía, que también alertó sobre el riesgo de normalización de la violencia en regiones históricamente golpeadas por el conflicto.
