Un nuevo episodio de tensión diplomática se abrió entre Colombia y Ecuador luego de la deportación de centenares de ciudadanos colombianos desde el vecino país. Durante las últimas semanas, el gobierno ecuatoriano implementó un plan para repatriar a extranjeros privados de la libertad en sus cárceles, medida que, según sus autoridades, busca descongestionar el sistema penitenciario. Entre los afectados se encuentran más de 600 colombianos, quienes fueron trasladados a territorio nacional a través del puente internacional de Rumichaca.
Aunque Quito asegura que las deportaciones se realizaron de forma individual, con resoluciones judiciales y notificaciones previas, la situación generó polémica porque, según autoridades locales en Colombia, el traslado masivo ocurrió sin coordinación suficiente. El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, indicó que cerca de 700 personas fueron entregadas casi al mismo tiempo, lo que desbordó la capacidad de respuesta en la frontera y generó complicaciones humanitarias y logísticas.
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Frente a estos hechos, el presidente Gustavo Petro manifestó su inconformidad y afirmó que Ecuador actuó sin contemplar los protocolos bilaterales establecidos para este tipo de procedimientos. “Ecuador nos responde con desdén”, escribió en sus redes sociales, resaltando que la cooperación entre países debe priorizar el respeto por los derechos humanos de los connacionales deportados.
La Cancillería de Ecuador rechazó las críticas y sostuvo que el proceso se ajustó a la normativa vigente. Señaló que las deportaciones no fueron colectivas, sino producto de decisiones judiciales individuales, y que se notificó a Colombia desde inicios de julio sobre estas acciones.
Por su parte, la Cancillería colombiana estudia los pasos a seguir para exigir mayores garantías en futuros traslados y evitar que se repitan situaciones similares. Este hecho, inédito por su magnitud reciente, ha despertado preocupación sobre la manera en que se gestionan los acuerdos de cooperación fronteriza y los derechos de las personas privadas de la libertad.
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La controversia deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos diplomáticos entre ambos países, que comparten más de 580 kilómetros de frontera y una larga historia de colaboración, pero que hoy enfrentan uno de sus momentos más tensos en materia migratoria y humanitaria.
