Nueve contratistas al servicio de la Gobernación del Cauca, entre ellos siete mujeres y dos hombres, fueron secuestrados este miércoles 17 de julio por integrantes de las disidencias de las FARC, comandadas por alias “Iván Mordisco”. El grupo armado ilegal los retuvo mientras ejecutaban labores sociales en zonas rurales y apartadas del municipio de López de Micay.
Según la administración departamental, los trabajadores no eran funcionarios públicos ni realizaban tareas de carácter militar u operativo. Se trataba de personal civil contratado para implementar programas comunitarios y de desarrollo social, con el objetivo de llevar atención institucional a poblaciones vulnerables del suroccidente colombiano.
Aunque las disidencias alegan que los trabajadores estaban instalando “equipos militares”, el gobierno departamental desmintió esas acusaciones y exigió su liberación inmediata, al tiempo que alertó sobre la extrema vulnerabilidad en la que operan los contratistas civiles del Estado en territorios dominados por grupos armados.
Un video que circula entre fuentes locales muestra a uno de los secuestrados pidiendo ser tratado con respeto y clamando por su liberación con vida, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades nacionales para que intervengan con urgencia.
Las personas retenidas son: Angélica María Barona, Mónica Alexandra Bambagué, Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
Este incidente ocurre en un contexto de intensas operaciones militares desplegadas por las autoridades en esta zona del Cauca, específicamente en el estratégico corredor del Cañón del Micay, que abarca también los municipios de Argelia y El Tambo.
FARC
¿Cómo fue el secuestro de estos contratistas?
Además, Radionacional cita a autoridades regionales confirmando el secuestro y añadiendo que los contratistas estaban realizando labores en la parcialidad de Micay. El reporte destaca que las disidencias utilizan estas capturas como forma de presión para forzar negociaciones o presionar al Estado, lo que reafirma su poder sobre territorios rurales del Cauca.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado de manera oficial sobre el caso, aunque se espera que se activen mecanismos diplomáticos y de inteligencia para garantizar el retorno de las personas en condición de secuestradas. Voces locales han llamado a activar protocolos del Gaula y avanzar en un rescate seguro sin exponer a las víctimas a mayores riesgos.
El contexto en que se produce este episodio es complejo. Las disidencias de las FARC, catalogadas como Grupos Armados Organizados Residuales, continúan operando en zonas como Cauca, ejerciendo control territorial mediante la violencia, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. La retención de civiles vinculados a labores administrativas evidencia cómo estos grupos apuntan a desestabilizar las funciones estatales y amedrentar a quienes trabajan para el Estado.
También le puede interesar: Del drama a la divagación: el país que sangra y el presidente que se pierde en sus frases
Frente a los hechos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales han reclamado al Gobierno mayor protección para los contratistas y funcionarios que laboran en zonas sensibles. Reclaman además presencia institucional real en territorios donde el Estado parece débil frente al armado y a la intimidación.
