La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá adelanta este martes la audiencia de segunda instancia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Desde las 8:00 de la mañana, los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto analizan los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, antes de pronunciar el fallo definitivo que definirá el futuro judicial del exmandatario.
El contexto del caso
En agosto pasado, la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, impuso una condena de 12 años de prisión a Uribe Vélez tras concluir que la Fiscalía General de la Nación demostró su participación indirecta en un plan de manipulación de testigos.
Según la sentencia, el expresidente habría ordenado ofrecimientos de sobornos y beneficios jurídicos, a través de su entonces abogado Diego Cadena, para que los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, cambiaran sus declaraciones sobre supuestos vínculos de Uribe con el Bloque Metro, un grupo paramilitar activo en Antioquia durante los años noventa.
Una decisión con alto impacto político y judicial
El fallo de segunda instancia marcará un precedente histórico en la justicia colombiana, al tratarse del primer expresidente procesado y condenado por la justicia ordinaria.
Más allá del desenlace jurídico, la decisión del Tribunal podría reconfigurar el panorama político nacional, dado que Álvaro Uribe Vélez sigue siendo una de las figuras más influyentes del país y referente del Centro Democrático.
Analistas coinciden en que el caso se ha convertido en un examen de independencia judicial y confianza institucional, temas sensibles en la coyuntura electoral que vive Colombia rumbo a 2026.
Una vez leído el fallo, el Tribunal notificará formalmente a las partes y a la Fiscalía General de la Nación. En caso de que se confirme la condena, el expresidente deberá cumplir la pena impuesta y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Si, por el contrario, el Tribunal revoca o modifica la sentencia, el proceso podría dar un giro jurídico de fondo, reabriendo el debate sobre la actuación de la Fiscalía y la validez de los testimonios.
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