La decisión del Consejo de Estado de anular la personería jurídica del partido Dignidad Liberal, liderado por Rodrigo Lara Restrepo, se suma a una tendencia que está reconfigurando silenciosamente el mapa político colombiano: la reducción del número de colectividades con reconocimiento legal.
En menos de dos años, al menos diez partidos han perdido su personería jurídica, entre ellos Poder Popular (de Ernesto Samper), Gente en Movimiento (de Mauricio Lizcano) y Soy Porque Somos (de Francia Márquez). Más allá de los nombres, estas decisiones reflejan un ajuste institucional en respuesta al crecimiento acelerado del sistema de partidos tras las reformas de 2022 y 2023.
Del auge a la corrección: el ciclo de expansión partidista
El fallo contra Dignidad Liberal, según el Consejo de Estado, responde a una “falsa motivación” del Consejo Nacional Electoral (CNE) al justificar la creación del movimiento con hechos de violencia anteriores a 1988, año en que comenzó la apertura democrática. En otras palabras, no se demostró que el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984 constituyera una persecución política que impidiera la participación del movimiento.
El caso no es aislado. Durante 2023, varias colectividades obtuvieron reconocimiento jurídico invocando figuras de reparación histórica. Sin embargo, los tribunales han empezado a cerrar la puerta a interpretaciones amplias de esos criterios, estableciendo límites más estrictos sobre qué puede considerarse “violencia política grave”.
La consecuencia directa ha sido un proceso de depuración: menos partidos con personería, pero también menos canales formales para la representación de nuevos movimientos.
Cómo medir la fortaleza de los partidos
La pérdida de personerías no necesariamente implica que haya menos actores políticos, pero sí plantea dudas sobre la vitalidad real de las colectividades existentes.
En la literatura comparada, desde Rosenblatt (2018) hasta Mainwaring y Torcal, la fortaleza de un partido se mide por cuatro dimensiones:
- Trauma fundacional, que une a sus miembros en torno a una experiencia compartida;
- Propósito o ideología coherente, que le da identidad programática;
- Canales de ambición, que permiten carreras políticas dentro del partido;
- Barreras moderadas de salida, que incentivan la permanencia y evitan el transfuguismo.
Muchos de los partidos que hoy desaparecen carecen de estas bases. Surgen como proyectos personales, se organizan alrededor de liderazgos coyunturales y dependen casi exclusivamente de la financiación estatal. Su fragilidad no es solo jurídica, sino estructural.
Un sistema cada vez más atomizado
Aunque la ley busca ordenar el panorama, el sistema político sigue siendo altamente fragmentado. Esto de acuerdo con la literatura de académicos como Satori (1976), quienes advierten que un sistema donde hay muchos partidos, su influencia se diluye. Es como tener muchas voces en una conversación, pero solo unas cuantas con micrófono.
Según datos del Congreso actual, hay 17 partidos representados en el Senado y 24 en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el número efectivo de partidos, es decir, aquellos con poder real de decisión, es de 10.7 en el Senado y 10.25 en la Cámara.
Esto significa que Colombia opera bajo un multipartidismo atomizado, en el que muchos partidos existen formalmente pero pocos concentran influencia.
La reciente ola de anulaciones puede interpretarse como un intento institucional de reducir la dispersión política, en un contexto donde la gobernabilidad se vuelve cada vez más difícil y la confianza en el Congreso se mantiene baja.
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Entre el control institucional y la crisis de representación
El Consejo de Estado actúa dentro de su función de control legal, pero su intervención también revela un dilema de fondo: ¿hasta qué punto la depuración fortalece el sistema democrático o, por el contrario, limita la renovación política?
La reducción del número de partidos puede favorecer la estabilidad, pero también estrecha los canales de participación para movimientos emergentes, regiones o minorías que buscan representación fuera de las estructuras tradicionales.
A un año de las elecciones de 2026, el panorama partidista colombiano se redefine bajo un nuevo equilibrio: menos partidos con sello jurídico, pero con una ciudadanía cada vez más distante de ellos.
