A las 6:00 de la tarde de este jueves fue convocada la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para decidir sobre la ponencia que propone sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El documento, elaborado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, señala presuntas irregularidades en la financiación y violación de topes electorales por más de 5.000 millones de pesos durante la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2022.
Se necesitan seis votos para definir la sanción
La decisión requerirá seis votos favorables dentro del alto tribunal para que la sanción quede en firme. Sin embargo, fuentes consultadas advierten que las mayorías que parecían aseguradas hace unos días ahora estarían en duda.
Según las versiones, uno de los magistrados habría manifestado reparos frente a la ponencia, lo que dejaría el conteo en cinco votos, insuficientes para adoptar una decisión definitiva. Además, al magistrado Álvaro Echeverry se le aceptó el impedimento por haber sido abogado del Pacto Histórico, al igual que a la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien tampoco participará en la votación.
Si no se logra alcanzar el número necesario de votos, el tribunal deberá nombrar conjueces para dirimir el caso, lo que podría aplazar la decisión final hasta la próxima semana.
Multas millonarias para exdirectivos y partidos
La ponencia de Ortiz y Prada propone multas millonarias contra varios miembros de la campaña. Entre ellos, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro, quien sería sancionado con cerca de 6.000 millones de pesos.
También se plantea sancionar a María Lucy Soto, auditora de la campaña, y a la tesorera Lucy Aidee Mogollón, además de imponer sanciones económicas a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, ambos integrantes del Pacto Histórico, con multas que superarían los 580 millones de pesos cada uno.
De confirmarse la decisión, sería la primera vez en la historia política del país que una campaña presidencial es sancionada por violación de topes e irregularidades financieras de tal magnitud.
Una decisión con peso político e histórico
La sesión del CNE se considera crucial no solo por las implicaciones económicas, sino también por su impacto político. Analistas señalan que el fallo marcaría un precedente sobre la transparencia y control financiero en las campañas presidenciales en Colombia.
Mientras tanto, los sectores afines al Gobierno han cuestionado el momento del debate, argumentando que podría tener motivaciones políticas. Sin embargo, desde el CNE han insistido en que el proceso “se ajusta al marco legal y busca garantizar la equidad en las contiendas electorales”.
La decisión del Consejo Nacional Electoral definirá si las acusaciones contra la campaña ‘Petro Presidente’ se traducen en sanciones concretas o si el proceso deberá continuar con nuevos conjueces. Todo apunta a que el fallo, sea cual sea, tendrá repercusiones directas en el panorama político del país.
