El representante a la Cámara Julio César Triana pidió al Gobierno Nacional retirar la Ley de Sometimiento, radicada por el exministro Eduardo Montealegre, cuyo objetivo es fijar los procedimientos y tratamientos penales diferenciados para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, estructuras criminales de alto impacto, así como para sus financiadores y colaboradores.
“Quiero pedirle al Gobierno y al partido de gobierno que, en un gesto de grandeza, procedan a retirar la Ley de Sometimiento, que ya radicamos ponencia de archivo cuatro colegas. Ley de Sometimiento que no somete a los delincuentes al Estado, sino que somete el Estado colombiano a los delincuentes”, indicó el congresista.
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Triana aseguró que se trata de una iniciativa que “se burla de las víctimas”, al promover la entrega de solo el 12 % de las fortunas adquiridas ilícitamente.
También advirtió que el proyecto “tiene vicios de inconstitucionalidad”, al considerar que debía tramitarse como una ley estatutaria y no ordinaria, “porque aplica principios y desarrolla justicia transicional”. Además, dijo que desconoce el artículo 66 transitorio de la Constitución, aún vigente, “que prohíbe que quienes incumplieron y le hicieron trampa a los Acuerdos de Paz firmados en La Habana, puedan otra vez tener un Acuerdo de Paz y aquí lo tienen”.
Sobre el proyecto
La iniciativa fue radicada el pasado 20 de julio y aún no inicia su primer debate. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, busca “apoyar los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la Paz Total en Colombia. Significa que el país contará con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas”.
Uno de los puntos clave más polémicos del articulado es el tratamiento diferenciado de los grupos armados:
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Al ELN o a las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para avanzar en negociaciones de paz.
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A las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran, entregan armas y contribuyen al desmantelamiento de sus estructuras.
