El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó un proyecto de ley de 11 artículos para consultar al pueblo si convoca una Asamblea Constituyente. La iniciativa se ampara en los artículos 374 y 376 de la Constitución y parte de una premisa central: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, que es el único que puede crear una nueva Constitución”.
Las dos preguntas clave
El borrador del proyecto plantea dos preguntas para dar curso al proceso Constituyente. La primera define las reglas y la composición:
“¿Está de acuerdo con convocar una Asamblea Constituyente que sesionará durante tres meses […] integrada por 71 delegatarios […] 44 por circunscripción nacional; 2 afrodescendientes; 2 indígenas; 2 campesinos; 2 víctimas; 2 sindicales; 2 jóvenes; 2 Rrom; 2 raizales y palenqueros; 6 en el exterior (con paridad), además de 2 madres cabeza de familia y 3 LGBTIQ+?” (Sí/No).
La segunda establece su alcance y límites:
“¿Está de acuerdo con que la Asamblea reforme la totalidad de la Constitución, no revoque al Congreso y respete los derechos humanos, el ius cogens y el principio de no regresividad en derechos sociales?” (Sí/No).
La ruta formal y el reto del umbral
Pese al diseño jurídico, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido que el camino será complejo. El trámite exige: (1) mayoría absoluta en Senado y Cámara, (2) control previo de la Corte Constitucional por vicios de procedimiento, y (3) una consulta popular válida solo si al menos un tercio del censo vota por el “Sí”.
La Ley 1757 establece, además, que la consulta debe realizarse entre dos y seis meses después del fallo de la Corte.
Aun así, este es el intento más estructurado del gobierno Petro para concretar una Asamblea Constituyente, al cumplir con parte de los requisitos legales necesarios para su convocatoria.
Calendario realista: por fuera del mandato
Incluso con un trámite rápido (dos o tres meses en el Congreso, uno o dos en la Corte y al menos dos para organizar la consulta), la votación caería entrado 2026. Si el “Sí” gana, la elección de delegatarios se realizaría entre dos y seis meses después, y la Asamblea sesionaría durante tres meses.
En la práctica, esto significa que ni la instalación ni el grueso del trabajo constituyente ocurrirán dentro del actual gobierno, cuyo mandato termina el 7 de agosto de 2026. Así, el proyecto parece apuntar más a reforzar la narrativa presidencial sobre un “bloqueo institucional” del Congreso que habría frenado reformas sociales “de manera sistemática y sin argumentos”.
Viabilidad: posible en derecho, cuesta arriba en política
En el plano jurídico, el camino está trazado: mayorías legislativas, control formal y consulta con un umbral definido.
En el político, los obstáculos son mayores: (1) lograr mayoría absoluta en un Congreso fragmentado; (2) movilizar un tercio del censo electoral en favor del “Sí”; y (3) enfrentar el desfase temporal, que convierte la Constituyente en una bandera de cierre más que en una herramienta de gobierno.
Lo que viene
A corto plazo, el presidente Gustavo Petro ya ha anunciado una gran manifestación el próximo viernes 24 de octubre a las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar. Se espera que en ese espacio el mandatario explique mayores detalles de la eventual Constituyente.
Sin embargo, el mensaje es claro: a pocos días de la consulta del Pacto Histórico, el Gobierno ya puso en la agenda la frase que condensa el debate: “Convocar al pueblo para destrabar el sistema.”
