En un preocupante episodio de violencia política, el alcalde del municipio colombiano de Cartago, Juan David Piedrahíta López, salió ileso este domingo de un atentado armado ocurrido en la zona rural de Villa de Robledo, en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, uno de sus escoltas resultó herido de bala durante el ataque, informaron fuentes oficiales.
El hecho ocurrió mientras el mandatario realizaba un recorrido por sectores rurales del norte del municipio, una zona históricamente afectada por la presencia de estructuras criminales. De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo en el que se desplazaba Piedrahíta fue atacado a tiros por desconocidos. Aunque el alcalde no sufrió lesiones, uno de sus guardaespaldas recibió un impacto en la pierna y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece fuera de peligro.
El alcalde Piedrahíta, en funciones desde enero de 2024, ha denunciado en repetidas ocasiones amenazas de muerte en su contra, presuntamente realizadas por bandas criminales que operan en esta estratégica región del suroeste colombiano. Estas estructuras ilegales estarían involucradas en actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial.
Rechazo generalizado al atentado
El atentado ha generado un amplio rechazo a nivel nacional. La Federación Colombiana de Municipios condenó enérgicamente el ataque y expresó su solidaridad con el mandatario local. En un comunicado oficial, la entidad afirmó que “este hecho representa una grave amenaza a la democracia territorial y a la gobernabilidad de nuestros municipios”.
Asimismo, la Federación hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a las Fuerzas Militares y a las autoridades competentes para que refuercen las medidas de seguridad en los territorios donde los alcaldes enfrentan amenazas constantes por parte de grupos armados ilegales. “Atacar a un alcalde es atentar contra el mandato ciudadano, contra la legitimidad del Estado y contra la esperanza de desarrollo local”, subrayó el pronunciamiento.
Contexto nacional de violencia política
El atentado contra el alcalde Piedrahíta ocurre en un contexto de creciente tensión política y social en Colombia. Apenas ocho días antes, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado en Bogotá. El legislador recibió tres disparos y permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe.
Este clima de inseguridad ha generado preocupación en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Muchos de los precandidatos y figuras políticas han intensificado sus visitas a regiones históricamente vulnerables, aumentando los riesgos en un país que aún lidia con las secuelas del conflicto armado y la consolidación del crimen organizado en varias zonas rurales.
Marcha del Silencio: rechazo ciudadano a la violencia
El atentado contra el alcalde de Cartago se dio en paralelo con la realización de la "Marcha del Silencio", una movilización ciudadana que congregó a miles de colombianos en las principales ciudades del país. La manifestación tuvo como objetivo condenar la violencia política y expresar respaldo al senador Uribe Turbay, así como a otros líderes amenazados.
La ciudadanía, envuelta en un ambiente de zozobra, ha exigido mayores garantías de seguridad para los servidores públicos y un compromiso real del Estado con la protección de la vida y la democracia. Analistas señalan que la falta de control estatal en muchas regiones favorece la expansión de estructuras ilegales que ven en la política local una amenaza para sus intereses.
Un llamado urgente a proteger la institucionalidad
El atentado contra Juan David Piedrahíta López no solo es un ataque personal, sino un golpe directo a la institucionalidad y la gobernabilidad local. Cartago, como muchos otros municipios del norte del Valle del Cauca, enfrenta desafíos complejos relacionados con el orden público y la presencia de actores armados.
Con este nuevo hecho de violencia, se reavivan los cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de protección a mandatarios locales y la necesidad de una respuesta integral del Estado colombiano. La protección de los líderes electos es esencial para garantizar el desarrollo territorial y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
