En medio de la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo Rafael González Castro, señalado como uno de los responsables del crimen del estudiante Jaime Esteban Moreno, la Fiscalía General de la Nación puso sobre la mesa un interrogante que podría cambiar el rumbo del caso: ¿cómo terminó un vendedor de perros calientes de San Victorino en una fiesta organizada por estudiantes de la Universidad de Los Andes?
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Un interrogante que complica la defensa del acusado
La diligencia judicial, en la que el ente acusador solicitó prisión intramural para González por considerarlo un peligro para la sociedad, se centró en la presencia del procesado en la discoteca Before Club, ubicada en Chapinero Central, donde en la madrugada del 31 de octubre ocurrió la agresión que le costó la vida a Moreno.
Durante su intervención, la fiscal Elsa Reyes expresó la duda central del proceso:
“¿Qué hacía Ricardo González, un vendedor informal, en una fiesta de estudiantes de Los Andes?”.
La pregunta también fue respaldada por el abogado de las víctimas, Francisco Bernate, quien pidió que se esclareciera el modo, tiempo y lugar de la llegada del acusado al evento. “Es indispensable conocer cómo y por qué estaba allí”, señaló el penalista.
Defensa habla de discriminación y presenta testigos
La defensa de González, encabezada por la abogada Gladys Marcela López, respondió acusando a la Fiscalía de discriminación socioeconómica.
“Mi cliente no tiene que justificar dónde puede o no estar por su ocupación o nivel de ingresos”, afirmó la jurista.
López presentó el testimonio de María Fernanda Palma y Andrés Solano, quienes aseguraron que la fiesta no era exclusiva para los alumnos de Los Andes. Según Palma, las entradas se vendían libremente a través de una plataforma digital, lo que permitiría el acceso a cualquier persona que pudiera pagarlas.
Boletas costosas y viaje a Cartagena: las dudas del ente acusador
Pese a los argumentos de la defensa, la Fiscalía considera incoherente la versión del procesado. Según el hermano de la víctima, él no asistió al evento porque las boletas costaban entre 100.000 y 150.000 pesos, un precio que —según el ente investigador— resultaría elevado para González, quien incluso, tras el crimen, tuvo que pedir prestados 100.000 pesos para huir hacia Cartagena y refugiarse con su familia.
Estos elementos llevan a la Fiscalía a sospechar que el acusado no ha contado toda la verdad sobre su participación en la fiesta. Hasta ahora, González no ha explicado quién lo invitó ni cómo consiguió ingresar al establecimiento.
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Próxima decisión judicial
El caso sigue bajo la lupa de la justicia. A las 10:00 de la mañana de este jueves, el juez a cargo del proceso definirá si González Castro será enviado a prisión preventiva, como ya ocurrió con Suárez Ortiz, otro de los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno.
El proceso continúa revelando detalles que dividen opiniones: mientras la Fiscalía insiste en que el acusado representa un riesgo para la sociedad, su defensa asegura que está siendo víctima de prejuicios sociales y de una acusación construida sobre suposiciones.
