El presidente Gustavo Petro anunció desde Arabia Saudita, que la Armada Nacional de Colombia logró la incautación de una lancha rápida que transportaba 2,8 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico central, en una operación que, según destacó, se realizó sin causar muertes.
“La Armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), donde aprovechó para enviar un nuevo mensaje sobre la política antidrogas y las relaciones militares con Estados Unidos.
El operativo fue desarrollado en el marco del plan estratégico conjunto Ayacucho Plus, con la participación de unidades de guardacostas y de inteligencia naval. Según los reportes, en la embarcación viajaban tres tripulantes —un colombiano y dos ecuatorianos— que fueron capturados junto con 94 costales que contenían el cargamento de droga.
Tras destacar el resultado, el presidente emitió una orden que ha generado fuertes reacciones dentro y fuera del país: suspender todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles o fuerza desproporcionada.
“Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, escribió el mandatario en su publicación, un mensaje que fue etiquetado al medio estadounidense Fox News, cercano al presidente Donald Trump, en un gesto que busca visibilizar su posición ante Washington.
La instrucción de Petro se produce en medio de una creciente tensión diplomática con la administración Trump, originada por los bombardeos efectuados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. El mandatario colombiano ha cuestionado abiertamente esas acciones, a las que calificó como violaciones al derecho internacional, y ha acusado a las fuerzas estadounidenses de cometer ejecuciones extrajudiciales, incluido el presunto asesinato de un pescador colombiano en aguas nacionales.
La orden presidencial generó confusión inicial dentro del Ministerio de Defensa. Fuentes citadas por W Radio señalaron que la instrucción “requiere mayor claridad” y que no existen registros de que las Fuerzas Militares colombianas participen directamente en operaciones con misiles o en los bombardeos realizados por la marina estadounidense desde septiembre.
A pesar de ello, el anuncio fue interpretado como un nuevo capítulo en el deterioro de la relación bilateral entre Bogotá y Washington, una crisis que se ha agravado desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista Clinton, un listado que identifica a personas presuntamente vinculadas con operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico.
El mandatario ha negado rotundamente esas acusaciones. “En Colombia no existe evidencia de ninguna transacción ilegal mía. Solo se trata de persecución contra la libre expresión de un presidente soberano”, afirmó recientemente.
La inclusión en esa lista ya tuvo consecuencias prácticas. Durante su viaje a Arabia Saudita, el avión presidencial habría enfrentado problemas para abastecer combustible en Madrid, debido a restricciones derivadas de la sanción, según informó la revista Semana. Sobre ese episodio, Petro respondió que, si fuera necesario, el Gobierno podría romper el contrato con la empresa estadounidense proveedora del combustible, subrayando que “al Gobierno de Colombia se le respeta en el mundo”.
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La reacción política interna no se hizo esperar. El precandidato presidencial Juan Manuel Galán criticó la orden de suspender la cooperación con Estados Unidos, calificándola como una decisión riesgosa y apresurada.
“Deje de ser intransigente. Suspender cualquier operación con EE. UU. contra el narcotráfico es un grave error. Usted no está rompiendo con un Gobierno, está debilitando una alianza estratégica que por décadas ha ayudado a Colombia. El ego no puede estar por encima de la seguridad del país”, señaló Galán, al advertir que decisiones impulsivas podrían afectar la credibilidad internacional de Colombia.
La disputa con Washington se remonta a semanas atrás, cuando el presidente Trump acusó a Petro de ser un “líder narco que promueve el tráfico de drogas”, una afirmación sin sustento que agravó la confrontación diplomática. Poco después, la Casa Blanca anunció la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, basándose —según Petro— en un informe de Naciones Unidas que sobreestimó el crecimiento de los cultivos ilícitos.
El mandatario colombiano también ha dirigido críticas al senador Marco Rubio, figura clave del gobierno estadounidense, a quien responsabilizó de obstaculizar los esfuerzos de acercamiento entre ambas naciones. “Marco Rubio se ha convertido en un obstáculo sectario en el encuentro pacífico entre los Estados Unidos y las Américas”, escribió Petro en otro mensaje en X.
Desde Riad (Arabia Saudita), el presidente continúa su agenda internacional, enfocada en atraer inversiones y consolidar la cooperación con países del Golfo Pérsico. Sin embargo, sus recientes declaraciones han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el rumbo de la política exterior de Colombia y su relación con su principal aliado militar y comercial.
La orden de suspender el apoyo militar a operaciones con misiles representa, según analistas, un giro en la cooperación histórica con Estados Unidos en la lucha antidrogas, una alianza que ha perdurado durante más de tres décadas bajo el paraguas del Plan Colombia y sus sucesores.
Por ahora, se espera una respuesta oficial del Pentágono o del Departamento de Estado frente al anuncio de Petro, mientras en Colombia crecen las voces que piden claridad sobre el alcance real de la medida y sus implicaciones en la seguridad regional.
