La propuesta del Gobierno Nacional de convocar una consulta popular con 12 preguntas, como respuesta al hundimiento de la reforma laboral, tuvo su primer debate en la plenaria del Senado. Esta corporación tiene 15 días para decidir si el texto presentado por el presidente Gustavo Petro es viable o no.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el encargado de abrir las intervenciones. Señaló que la consulta busca que los ciudadanos voten directamente sus reformas, evitando que estas respondan exclusivamente a las mayorías políticas del Congreso. “No aprobaron ninguna reforma social del Gobierno. El ciudadano que ha visto que sus derechos se han fragmentado es el que se apela a la democracia participativa”, afirmó, haciendo referencia a la Ley 134 de 1994 que habilita el uso de consultas populares en caso de bloqueo institucional entre poderes.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, defendió el carácter democrático del proceso de reforma laboral, recordando que en su paso por la Cámara de Representantes se modificaron 65 de los 83 artículos originales. También criticó la incertidumbre actual en torno al recurso de apelación presentado tras el archivo de la reforma en la Comisión Séptima del Senado.
El senador Fabián Díaz, del Partido Verde, respaldó tanto el recurso de apelación como la votación de la consulta, argumentando que se busca restituir derechos laborales arrebatados a los trabajadores. “Los derechos laborales no tienen ideología. Son de todos: de izquierda, de derecha, de centro”, expresó.
En esa misma línea, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, defendió la consulta como una herramienta legítima del “Gobierno del Cambio”, comparándola con otras iniciativas regionales de participación ciudadana. “Decirle no a la consulta popular es no confiar en el constituyente primario, es no confiar en el pueblo que lo eligió”, indicó.
En contraste, desde la oposición, el partido Cambio Radical anunció su voto negativo. El senador Carlos Abrahan Jiménez criticó el alto costo de la jornada, estimado en $700.000 millones, y sugirió que esos recursos serían mejor utilizados en regiones como la costa Caribe, actualmente en crisis energética. También puso en duda la efectividad de la consulta para resolver el desempleo juvenil.
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, fue más allá al cuestionar los verdaderos intereses del Gobierno. “Al gobierno no lo motiva mejorar las condiciones laborales ni mucho menos la participación ciudadana. Destruyen el empleo formal, afectan la cifra de solo 10 millones de cotizantes e incentivan la informalidad”, sostuvo.
Desde el Partido Conservador, su presidenta, Nadia Blel, consideró improcedente la consulta. Recordó que su colectividad ha apoyado iniciativas en favor de los trabajadores y advirtió que la Constitución no permite que este mecanismo reemplace las funciones legislativas del Congreso.
En representación de la bancada independiente, el senador Guido Echeverri Piedrahita (Partido En Marcha) pidió agotar el debate legislativo antes de recurrir a una consulta popular. “Este proyecto no está hundido. El Congreso debe estudiar cada una de las consideraciones y tomar una decisión concluyente. ¿El Gobierno quiere consulta o quiere Ley?”, cuestionó.
Finalmente, el senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, también se mostró en contra de la iniciativa. “La consulta es un trámite innecesario con fines de campaña presidencial, financiado con dineros del futuro porque el Estado no tiene actualmente esos recursos”, afirmó. Advirtió además que, si el pueblo aprueba la consulta, la reforma volvería al Congreso como proyecto de ley en seis o siete meses, dilatando aún más el proceso.
El debate continúa abierto y polarizado, mientras el Senado se prepara para tomar una decisión en las próximas dos semanas.
